De jueces y prevaricadores.

Noticias sobre resoluciones chocantes de nuestros jueces nos llegan con frecuencia desde escandalizados medios de comunicación. Hay que reconocer que a veces ese escándalo nace de la ignorancia de los periodistas, que desconocedores del Derecho, no comprenden las consecuencias de su recta aplicación. Otras veces, sin embargo, ni los más eximios juristas pueden dar una explicación medianamente razonable o coherente de las insensateces de sus señorías.

En nuestro país es rara la condena por prevaricación (resolución injusta dictada a sabiendas de que lo es) de un juez o magistrado. Algunas ha habido, cierto, pero en la mayoría de las ocasiones, sentencias con un innegable tufo a prevaricación se liquidan con un recurso judicial ante la Sala correspondiente. Y el fiscal, seguramente por un resabio corporativista, no va más allá.

Anteayer mismo conocimos el auto de la Audiencia Provincial de Castellón en el que retorciendo la ley al más puro estilo Federico Trillo, se declaran prescritos determinados delitos fiscales de Carlos Fabra, personaje santo y seña de la política valenciana del PP. El Ministerio Fiscal, por supuesto, recurrirá, pero ¿es eso suficiente? ¿No nos encontramos ante una de esas resoluciones escandalosas tan inexplicables como injustas? ¿No sería conveniente añadir a la revisión jurídica del auto, la de la conducta de quienes lo han dictado? Porque a mí me parece que este tipo de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales locales en cuestiones que involucran a políticos de la zona, como sucedió en su día con los trajes de Camps, pueden tener un fundamento diferente al que sugiere la propia norma aplicable.

La mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino también parecerlo. La más mínima sospecha de contubernio entre el poder político y el judicial debe investigarse a fondo para, en su caso, enviar a la cárcel a quienes hubieren traspasado la línea que separa la incompetencia o la mala praxis jurídica de la mala fe. Porque si no, sería lícito pensar también que detrás de esas demandas de poderes judiciales propios por parte de determinadas Comunidades Autónomas no se esconde sino el deseo de controlar políticamente a los órganos jurisdiccionales que en un momento dado van a ser competentes para juzgar a los políticos que los gobiernan.

Y es que tiene narices que en España se vaya a enviar a la cárcel por prevaricación al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que quienes utilizan sus estrados para garantizar la impunidad de políticos corruptos o, al menos, como instrumento de su ideología política, no sólo queden también impunes, sino que, además, sean beneficiarios de ascensos en su carrera profesional u otras prebendas políticas obtenidas como pago a sus servicios.

Todo ello presuntamente, claro.